Comunicado a la opinión pública

La Asociación Colombiana de Periodistas Deportivos, Acord Colombia, creada el 12 de diciembre de 1950 en la ciudad de Cali y conformada en la actualidad por 27 regionales departamentales con 1300 asociados, profesionales de la comunicación y el periodismo, conscientes del compromiso y el papel que debe desempeñar el periodismo dedicado a la información deportiva en el contexto nacional, hemos venido creciendo en renovación, posicionamiento y enfoque, liderando la lucha por los derechos desde los diferentes medios de comunicación en los que trabajan nuestros asociados en posiciones como propietarios, presidentes, directores, comentaristas, narradores y redactores.

Desde el año 1955 existe el Decreto Ley 2428, firmado por el presidente de la República de la época, General Gustavo Rojas Pinilla, en el cual se reconoce la profesión del Periodista Deportivo, se dan garantías para el cumplimiento de sus labores y destaca los beneficios que se han derivado para el fomento del deporte, gracias a la eficiente labor de la prensa deportiva y sus protagonistas.

Con el paso de los años el decreto ha venido siendo desconocido por algunos medios de comunicación y organizaciones deportivas adscritas al Sistema Nacional del Deporte, que dejan a un lado el reconocimiento a los profesionales del ramo, quienes han ejercido esta noble profesión desde hace muchos años y de manera especial a las nuevas generaciones preparadas en los establecimientos educativos universitarios y con especializaciones en el exterior, para abrir paso y brindar oportunidades a quienes no poseen títulos, experiencia ni conocimientos para ejercer como periodistas deportivos, movidos con fines comerciales y de posicionamiento en las audiencias, basados únicamente en su imagen como exitosos deportistas, entrenadores, dirigentes o influenciadores en la opinión pública desde diferentes áreas.

Ante esta situación, la Asociación Colombiana de Periodistas Deportivos, Acord Colombia, manifiesta su inconformidad, rechazo y voz de protesta por el trato al cual se han visto avocados los periodistas deportivos y los futuros comunicadores sociales, a quienes de esta manera se les desplaza y reemplaza en medios de comunicación,
privándoles de oportunidades y vulnerando su derecho al trabajo, como una muestra clara de la falta de respeto por la profesión y por quienes ejercen el periodismo deportivo como fuente única de desarrollo profesional y medio de vida. Esta situación se ha venido presentando de tiempo atrás.

ACORD entiende que las empresa privadas están en su derecho de extender contratos a personajes que sean considerados idóneos para sus intereses particulares en materia del derecho a la libre expresión, a la difusión y a aumentar sus audiencias, pero también hace un llamado al respeto y a las oportunidades hacia los periodistas de profesión, trayectoria y graduación, quienes se han preparado durante años para ejercer con autoridad y conocimiento ante la opinión pública en el campo periodistico propiamente dicho, situación bien diferente al del derecho a expresarse libremente que tiene todo ciudadano.

De igual manera ACORD insta a las autoridades gubernamentales para revisar de manera detenida las credenciales y los contratos que tanto los medios de comunicación como las organizaciones deportivas del país, hacen con los periodistas y comunicadores extranjeros que llegan al país y por diferente razones ejercen la profesión sin los requisitos de ley establecidos en los procedimientos y las normas del estado por medio de los Ministerios de las TICS, Educación y Relaciones Exteriores, como existe en todos los países del mundo.

El deporte se ha convertido en una actividad que despierta pasión, admiración y seguimiento masivo, razón por la cual medios y organizaciones han visto allí un escenario ideal para cautivar audiencias en donde se valen todas las estrategias, pero teniendo presente que existen profesionales con todos los argumentos y capacidades para informar y orientar la opinión pública, por encima de improvisados comunicadores. Ese es nuestro llamado.

Bogotá, D.C., noviembre de 2020